El Estado provincial anunció que se constituirá como querellante en la causa que investiga la internación involuntaria de la trabajadora judicial G.C. El caso cobró trascendencia en el vecindario de la mujer debido al gran operativo policial que se desplegó para retirarla de su casa. El personal provocó daños en el portón de acceso de la vivienda para trasladarla luego al servicio de Salud Mental del Hospital Perrando.
El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Maldonado, hizo el anuncio señalando que se trata de una decisión del gobierno provincial "en un firme compromiso de apoyar a la joven en su búsqueda de justicia". Maldonado remarcó que el caso generó preocupación social, especialmente debido a las versiones encontradas que existen alrededor del procedimiento.
"El gobierno tiene todo el derecho de estar presente como querellante, porque ante cada derecho humano que se viole, nosotros vamos a acompañar en el proceso judicial y la necesidad de garantizar un proceso justo", afirmó.
Asimismo, sostuvo que el objetivo del Estado es tomar conocimiento de los expedientes, analizar el proceso y definir una estrategia para avanzar en el caso. "Queremos acceder a la mayor información, la cual la fiscal nos habilitó el acceso durante cinco días y la hemos analizado. No queremos emitir opinión y debemos ser responsables", aseguró.
