La pesquisa, que comenzó en abril del año pasado, revela una trama compleja donde empresas como Grupo Pampa Agro y Aeronorte Fideicomiso, entre otras, habrían obtenido tierras de manera sospechosa.
Lo más llamativo para la justicia es la conexión entre los integrantes de estas firmas y funcionarios clave del gobierno provincial, específicamente en áreas estratégicas como el manejo de tierras.
Las investigaciones apuntan a un posible esquema de lavado de activos, donde individuos sin aparente capacidad económica manejaban sumas millonarias de dinero provenientes de la adjudicación irregular de estas tierras fiscales.
Este requerimiento, a raíz de una denuncia presentada contra Ana María Canata, quien preside el Instituto de Colonización, da inicio formal a la investigación penal, buscando esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades o actos ilícitos.
La instrucción judicial permitirá la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de la documentación relevante para determinar la veracidad de la denuncia y, en caso de corresponder, avanzar con las acciones legales pertinentes.
La jueza a cargo del caso, doctora María Belén López Macé, analiza ahora la información recabada para determinar los próximos pasos legales.