Alejandro Segovia, referente de Infancia Compartida en la provincia de Chaco, anunció que la organización no gubernamental (ONG) llevará a cabo auditorías en expedientes judiciales con notables demoras y en los informes psicológicos individuales adjuntos a estos expedientes.
El objetivo de estas auditorías es verificar tanto el rigor técnico como el aspecto ético de los informes y constatar si se cumplen los plazos legales previstos en el Código de Procedimientos de Chaco.
Según indicó, en lo que respecta a los casos judiciales, solo se necesita la autorización de una de las partes involucradas, la cual colaborará en el proceso y solicitará que el Tribunal actúe como "amicus curiae" para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos por el Código de Procedimientos. Para llevar a cabo esta labor, contarán con la colaboración de profesionales legales especializados en litigios familiares y con experiencia en asuntos judiciales.
Además, Segovia informó que se evaluarán los expedientes para determinar si se respetan los plazos especificados en la Ley 2950-M, la cual establece que las providencias simples deben resolverse en un plazo de tres días, las resoluciones interlocutorias en diez días y la fijación de audiencias en un plazo de diez días. Si se constatan incumplimientos en estos plazos, se tomarán las acciones legales correspondientes ante el Consejo de la Magistratura.
Con respecto a los informes psicológicos, se realizarán auditorías para detectar posibles faltas éticas profesionales. Esto se llevará a cabo con la colaboración de Peritos Psicólogos Forenses especializados en maltrato y abuso infantil. Si se encuentran irregularidades en estos informes, se presentarán denuncias ante el Colegio de Psicólogos del Chaco y, si corresponde, en el ámbito penal.
Segovia enfatizó que todas estas acciones serán proporcionadas de manera gratuita para los ciudadanos de Chaco que lo soliciten a la sede provincial de la asociación. Aquellos que requieran estos servicios pueden ponerse en contacto a través del número de teléfono (3721) 442060. El propósito final de estas auditorías es promover la transparencia y la ética en el sistema judicial y garantizar la protección de los derechos de los niños en situaciones familiares delicadas.
