La Justicia Federal decidió mantener por otros seis meses la suspensión de los desmontes en la provincia. Esta medida se tomó en respuesta a la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra funcionarios y ex funcionarios de Chaco, responsabilizándolos por la deforestación.
Greenpeace jugó un papel crucial en este proceso, alertando que Chaco fue la segunda provincia con más desmontes durante el año pasado. La organización ecologista detectó que en 2024 se deforestaron 41.718 hectáreas en la provincia, mediante sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales.
Además, Greenpeace presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denunciando que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco viola la Ley Nacional de Bosques. Según la organización, la nueva normativa permitiría el desmonte de cerca de 1.200.000 hectáreas, afectando corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté.
"Puede darse un daño inminente e irreversible al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes, sobre todo en las áreas protegidas", expresa un extracto del fallo. Greenpeace también denuncia que la nueva zonificación reduce áreas clave para la conservación, como la zona lindera al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización insta a la ciudadanía a reclamar penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales a través de la página votaporlosbosques.org, donde ya participaron más de 265.000 personas.