A partir de este miércoles 28 de enero, los pasajeros del transporte urbano en Chaco enfrentarán un nuevo y elevado costo: el boleto pasa a valer $1.885. Esta actualización tarifaria representa un impacto directo y doloroso para miles de familias que dependen diariamente de un sistema esencial para trabajar o estudiar, en un contexto donde el precio parece no coincidir con las necesidades de quienes viajan.
Aunque el Gobierno provincial asegura realizar un "importante esfuerzo económico" con subsidios mensuales superiores a los $1.800 millones, la realidad en las paradas cuenta otra historia. Mientras el Estado afirma que monitorea el funcionamiento para "mejorar la prestación", los usuarios continúan padeciendo las deficiencias de un servicio cuya calidad es motivo de queja constante, a pesar de la millonaria inversión técnica informada.
No obstante, pese a que el discurso oficial sostiene que se busca "preservar la accesibilidad" y "cuidar el bolsillo", el elevado monto del pasaje resulta difícil de digerir para una comunidad que no percibe mejoras reales en las frecuencias ni en las condiciones generales de las unidades.
Para los trabajadores y estudiantes chaqueños, el transporte es un recurso crítico que hoy se vuelve un gasto asfixiante. Mientras el Ejecutivo insiste en que la medida garantiza la "continuidad del servicio" en un contexto complejo, la brecha entre el alto costo y la deficiente calidad de viaje deja a los pasajeros atrapados en un sistema que, según las propias fuentes, aún requiere evaluaciones permanentes para sostener su calidad.





