Argentina en venta: El oficialismo avanza en la reforma de la Ley de Propiedad Privada

En una cumbre encabezada por Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas, el Gobierno aceptó otorgar mayor control a las provincias y al Congreso sobre los territorios fronterizos para garantizar los votos en el recinto.
10 de junio 2026, 8:55hs

La Libertad Avanza dio un paso fundamental en el Congreso de la Nación al destrabar las negociaciones con los bloques denominados dialoguistas para convocar a una sesión clave en el Senado el próximo jueves 18 de junio. El objetivo primordial del oficialismo es debatir el postergado proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual presentará sustanciales modificaciones en su articulado. Los cambios introducidos se concentran en la flexibilización de las restricciones para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales, un punto que venía generando fuertes rispideces dentro del arco legislativo.

Fuentes parlamentarias confirmaron que las principales bancadas mantuvieron una reunión hermética para acercar posiciones sobre el capítulo de venta de tierras, donde radicaban las mayores diferencias. Del encuentro participaron la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, junto a los presidentes de las bancadas de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martín Goerling Lara; y de Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola. También estuvieron presentes las legisladoras Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Flavia Royon y el misionero Carlos Arce, sellando un amplio abanico de consenso.

Entre las alternativas técnicas que se consensuaron para destrabar el proyecto, se estableció que el Congreso Nacional deberá respaldar de manera obligatoria las compras de tierras cuando los oferentes sean Estados extranjeros o empresas asociadas a gobiernos foráneos, o bien cuando los terrenos se ubiquen en zonas de frontera. Para el resto de las operaciones comerciales, la letra chica del proyecto determinará que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio, dejando en manos de los gobernadores y de sus respectivas legislaturas locales la potestad de aprobar sus propias normativas regulatorias.

Con este nuevo esquema de distribución de facultades federales, los equipos técnicos de las distintas fuerzas políticas dispondrán de un plazo de nueve días para redactar el texto definitivo del dictamen antes de ingresar al recinto. El oficialismo busca evitar cualquier tipo de sorpresa o fisura de último momento, garantizando que todos los acuerdos políticos estén firmemente cerrados. La estrategia apunta a consolidar una mayoría holgada que deje sin margen de maniobra al bloque de Unión por la Patria, que mantiene su rechazo cerrado a la iniciativa oficial.

Finalmente, la agenda parlamentaria del próximo jueves 18 de junio podría ampliarse con el tratamiento de siete pliegos judiciales que obtuvieron dictamen en las últimas horas, entre los que destaca el del camarista Víctor Pesino, resistido por el peronismo debido a sus fallos en materia de reforma laboral. Asimismo, se evalúa votar un proyecto con despacho de comisión que impone penas de hasta 15 años de prisión por delitos ambientales graves. El cronograma de la Cámara Alta se completará la semana entrante con el inicio de los debates informativos sobre la Ley de Etiquetado Frontal y la polémica reforma de sociedades comerciales que habilita su conformación mediante inteligencia artificial.

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