La reforma jubilatoria, recientemente convertida en ley por el Senado, genera una inesperada alarma en el sector pyme. En un intento por compensar el aumento de los haberes, el artículo 10 de la ley elimina exenciones impositivas cruciales para las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), entidades que avalan una gran parte de los préstamos a pequeñas y medianas empresas.
Las SGR son pilares fundamentales para el acceso al crédito pyme, respaldando 1 de cada 3 préstamos en Argentina y un 35% del total de créditos para el sector. Este sistema, que lleva 30 años funcionando, permite que más de 100.000 pymes accedan a financiación bancaria y otros instrumentos, como cheques de pago diferido, avalando el 40% de los que se negocian en el mercado de capitales.
Desde la CASFOG (Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía), se enfatiza que el costo fiscal de estas exenciones es mínimo: USD 136 millones anuales, apenas el 0,02% del PBI. Sin embargo, este "gasto" se compensa con creces debido a que las pymes financiadas a través de SGRs tributan IVA, Ganancias y cargas sociales, generando una fuerte externalidad positiva y aumentando la recaudación general.
El sector advierte que eliminar estos beneficios fiscales a los "socios protectores", quienes aportan el capital de riesgo, provocará su retiro inmediato del sistema. Sin estos inversores, el sistema de SGRs corre un grave riesgo de colapso, dejando sin una herramienta vital de financiamiento a empresas que emplean a más de 500.000 trabajadores y exportan USD 1.500 millones al año.
Lo paradójico es que ningún bloque legislativo se atribuye la inclusión de esta medida en la ley, y figuras como el Ministro de Economía, Luis Caputo, criticaron públicamente su impacto negativo. Aunque se espera que el Poder Ejecutivo vete la ley jubilatoria, las SGRs ya se están organizando para librar una batalla parlamentaria y revertir una decisión que consideran "destroza" el financiamiento y la producción nacional.