Según el informe anual de Greenpeace, esta cifra representa un alarmante incremento del 40% en comparación con la deforestación registrada el año anterior.
La mayor parte de la destrucción se concentró en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. Solo en estos cuatro distritos se perdieron 94.204 hectáreas por desmontes, una superficie equivalente a casi cinco veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.
Las causas principales detrás de esta pérdida son el avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería y soja transgénica de exportación, sumado al impacto de los incendios forestales. Solo por el fuego se destruyeron más de 116.000 hectáreas, afectando gravemente la biodiversidad y el suelo.
Esta situación acarrea consecuencias severas como inundaciones, cambio climático y la pérdida de recursos vitales para comunidades campesinas e indígenas. Resulta especialmente grave que el 80% de los desmontes registrados fueron ilegales, realizados en zonas donde la Ley de Bosques prohíbe explícitamente estas actividades.
Aunque el país firmó un compromiso internacional para alcanzar la deforestación cero en 2030, el objetivo parece lejano ante el aumento de la destrucción ilegal. Expertos advierten que cualquier intento de flexibilizar las leyes ambientales vigentes resulta inconstitucional y pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región.







