Acusan a Bullrich por lavado: fondos ilegales del G20 habrían financiado comercios del hijo

Un nuevo escándalo de corrupción salpica al Ministerio de Seguridad, con una denuncia que señala un presunto esquema de lavado de activos orquestado durante la gestión de Patricia Bullrich.
16 de diciembre 2025, 20:34hs

La acusación, presentada por el diputado Rodolfo Tailhade, sostiene que fondos ilícitos generados a través de compras directas fraudulentas para la cumbre del G20 en 2018 fueron blanqueados utilizando un entramado empresarial liderado por el hijo de la exministra, Francisco Langieri Bullrich.

La base del presunto esquema de corrupción fue el uso del millonario presupuesto para equipamiento de seguridad del G20 de 2018. Según la investigación, funcionarios clave del Ministerio de Seguridad aprovecharon la ocasión para ejecutar contrataciones directas que eludieron los controles estatales. Un acta acuerdo firmada el 16 de febrero de 2018 dio luz verde a ocho compras que mostraron un patrón de sobreprecios, entregas tardías y direccionamiento a empresas vinculadas. Por ejemplo, se detectó un sobreprecio de us300.000 en la compra de chalecos anti balas a la firma Antaj SRL, y vehículos (ambulancias y furgones) por u$s 2.100.000 que llegaron más de seis meses después del evento, sin que se aplicaran multas por incumplimiento.

La segunda fase del esquema de lavado se vincula directamente con el crecimiento exponencial de los negocios de Francisco Langieri Bullrich. La denuncia se centra en la cadena de cafeterías "Tostado Café Club". Langieri Bullrich adquirió el 95% de la empresa en 2016, cuando era un único bar; hoy, la cadena supera los 50 establecimientos en tres continentes. La acusación cuestiona el origen de los fondos que permitieron financiar una expansión de tal magnitud en tan poco tiempo.

Además del crecimiento inexplicable de los negocios, la investigación señala inconsistencias en la declaración jurada de Langieri Bullrich de 2018, donde incorporó u$s 171.500 bajo el concepto de "venta de activos" sin justificar el origen de ese capital. Un punto clave es el vínculo con Juan Ignacio Onel, exdirector de Compras y Contrataciones del Ministerio de Seguridad, quien tras dejar su cargo se convirtió en socio gerente de Beta Connect, una empresa cuyo propietario real, según la denuncia, sería el hijo de la exministra. Beta Connect fue constituida en marzo de 2018, apenas un mes después de que los funcionarios de Bullrich firmaran el acta que habilitaba las compras millonarias.

El diputado Tailhade sostiene que estas evidencias, que apuntan a una estructura de generación de fondos ilícitos y su posterior blanqueo mediante la rápida expansión de negocios familiares, son la base material para una investigación formal por lavado de activos. Esta información será presentada en la causa judicial 3578/24, que ya investiga a Patricia Bullrich por el mismo delito. Pese a la gravedad de las acusaciones por las compras del G20, la denuncia subraya que los funcionarios implicados no solo evitaron consecuencias legales, sino que cinco regresaron a la función pública en la gestión actual.

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