El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe de Estado de la historia constitucional argentina, cuando las fuerzas militares encabezadas por el general José Félix Uriburu derrocaron al presidente Hipólito Yrigoyen. El mandatario radical, que había asumido su segundo mandato en 1928 respaldado por un masivo voto popular, fue desalojado de la Casa Rosada mediante una acción cívico-militar que quebró el orden institucional establecido por la Constitución Nacional.
Este quiebre democrático inauguró el período denominado por la historiografía como la "Década Infame" y sentó un nefasto precedente para la vida política y social del país durante el siglo XX. La irrupción de las Fuerzas Armadas en el poder, avalada por sectores civiles y económicos concentrados, instauró una práctica recurrente de interrupciones al orden democrático que se repetiría sistemáticamente en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.
La sucesión de regímenes dictatoriales a lo largo de más de cinco décadas dejó una profunda marca en la sociedad argentina, alcanzando su punto más trágico durante la última dictadura militar con la persecución, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones forzadas. Aquel ciclo de inestabilidad e injerencia castrense llegó a su fin definitivo el 10 de diciembre de 1983 con la recuperación del Estado de derecho y la asunción de Raúl Alfonsín.
A casi un siglo de aquel primer zarpazo institucional, la memoria sobre los costos sociales, humanos y políticos del quiebre de 1930 cobra vigencia como un llamado a preservar el sistema democrático. La valoración de las instituciones, la vigencia plena de las garantías constitucionales y el consenso social del "Nunca Más" continúan siendo los pilares fundamentales para evitar que los intereses corporativos o personalistas vulneren la voluntad popular manifestada en las urnas.
