Con la mirada del país puesta sobre su geografía, la provincia de Formosa vive un fin de semana de inusitada tensión política. Mientras se siguen sumando expresiones de repudios como los dados por la Iglesia católica y la ONG “Human Rights Watch”, el gobernador Gildo Insfrán ratificó la decisión de de retrotraer la situación epidemiológica a Fase 1, y acusó que la violencia se desató por “operaciones políticas con complicidad de medios de comunicación porteños”.
En tono combativo, el gobernador reiteró que, en su caso personal, “no le interesan los votos, sino la salud y la vida de los formoseños” y denunció que existen "miles de operaciones y los programas que se hacen en torno a lo que tanto les gusta hablar de infectadura y libertad., que son promovidos por opositores políticos”. Insfrán justificó el accionar policial y afirmó que el país y la provincia atraviesan "un momento donde el mundo está siendo doblegado por un bichito al que no vemos y que sirvió para demostrar la injusticia que existe”.
Por otra parte, el repudio contra la actuación policial crece. El director ejecutivo para la región de América de la ONg “Human Rights Watch”, José Miguel Vivanco, advirtió que “preocupan las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza en Formosa. También preocupa el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos y su aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación social”. El texto al que hace referencia está firmado por Horacio Pietragalla, quien también responsabilizó por los hechos a “los medios hegemónicos, los manifestantes y la oposición”. En contraposición son numerosas las instituciones sociales de todo el país que reclaman a las fuerzas de seguridad de Formosa que “muestren que están capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos”.





