El Gobierno de Javier Milei oficializó un listado de 45 personas físicas y jurídicas sancionadas por participar directa o indirectamente en la exploración y producción ilegal de petróleo en las Islas Malvinas. La medida, coordinada por la Cancillería y la Secretaría de Energía, apunta a compañías operadoras, socios financieros y proveedores estratégicos de origen británico, israelí, canadiense y estadounidense, entre otros. La decisión busca desincentivar la explotación unilateral de recursos naturales en la cuenca norte del archipiélago bajo administración británica.
Las sanciones impuestas comprenden la prohibición absoluta de operar en territorio argentino, la inhabilitación para participar en futuras licitaciones energéticas y severas restricciones financieras. Asimismo, se establecieron impedimentos de ingreso al país y la prohibición de mantener lazos comerciales con empresas locales para los ejecutivos y directores identificados. Entre las firmas declaradas como licenciatarias ilegítimas figuran Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, JHI Associates y Borders & Southern.
Esta acción gubernamental se fundamenta en la legislación nacional que considera ilegales todas las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina sin la correspondiente autorización de Buenos Aires. El anuncio se dio tras una reciente cadena nacional donde el Presidente reafirmó los derechos de soberanía sobre el Atlántico Sur y prometió un paquete de medidas para resguardar los recursos estratégicos.
Aunque el Gobierno británico no emitió una respuesta oficial inmediata, medios del Reino Unido indicaron que las compañías mantendrán sus operaciones amparadas en la normativa isleña. No obstante, las penalizaciones fijadas por el Estado argentino imponen un severo límite operativo y reputacional que promete reactivar las tensiones diplomáticas bilaterales alrededor de la Cuestión Malvinas.
