Condenan a familia gitana por explotación sexual, laboral y matrimonio infantil

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas dictadas en San Juan contra tres miembros de una familia que pagaron $825 mil para forzar la unión de la víctima a sus 13 años, sometiéndola a abusos, explotación laboral y servidumbre.
4 de septiembre 2026, 18:50hs

La Sala de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas a 10 años de prisión dictadas contra Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco Cristo. Los tres fueron hallados culpables de captar, trasladar y explotar mediante servidumbre sexual, doméstica y laboral a una adolescente (V.S.Y.), a quien forzaron a contraer matrimonio cuando tenía 13 años.

En el fallo, el juez Daniel Petrone desestimó el recurso presentado por las defensas y remarcó que la apelación a los "usos y costumbres" o la pertenencia a una comunidad específica no constituyen un fundamento válido para eximir de responsabilidad penal hechos de trata de personas y violación de derechos humanos fundamentales.

Detalles del caso y del proceso judicial

  • Captación y precio dotal: Entre marzo y abril de 2022, los acusados entregaron $825.000 a los padres de la menor en Neuquén para concretar la unión forzada con Franco Cristo, quien entonces tenía 20 años.

  • Sometimiento y violencia: Tras la unión, la joven fue trasladada a Santa Fe, donde sufrió abusos físicos (quemaduras con cigarrillos y agua caliente), servidumbre doméstica y explotación en venta ambulante. La totalidad del dinero obtenido le era arrebatado bajo amenazas de dejarla sin alimento, incluso durante sus embarazos.

  • Intento de secuestro y rescate: En abril de 2025, luego de que la víctima se refugiara con su familia de origen en San Juan, los condenados intentaron secuestrarla nuevamente a la fuerza. Un llamado al 911 por parte de un testigo en Caucete y el seguimiento por cámaras del CISEM 911 permitieron la intervención policial, el rescate de la joven con su hijo en brazos y la detención de los agresores.

  • Reparación económica: Además de las penas privativas de la libertad de 10 años, el fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan incluye una reparación económica de $75 millones a favor de la víctima, en consonancia con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.

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