La Legislatura de la provincia del Chaco debate un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Prevención y Protección frente al Sobre-endeudamiento de los Trabajadores. La norma busca garantizar el acceso responsable al crédito y dar transparencia a las condiciones financieras para evitar situaciones extremas de vulnerabilidad.
La medida central del proyecto establece que las deducciones voluntarias en los recibos de sueldo para pagar deudas no podrán superar el 30% del haber neto mensual del trabajador. Este tope obligatorio incluirá la totalidad de las obligaciones voluntarias autorizadas por el empleado, abarcando préstamos, créditos y cuotas de mutuales o cooperativas. El límite se aplicará a todos los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial y organismos descentralizados, quedando exceptuadas las retenciones obligatorias por ley o decisiones judiciales.
Para supervisar de manera eficiente el cumplimiento de la norma, se proyecta la creación del Registro Provincial de Obligaciones con Descuento de Haberes. Este registro centralizará los datos de cada operación, como el capital, los saldos pendientes y el Costo Financiero Total. De forma complementaria, se implementará un sistema de alerta temprana que se activará cuando los descuentos voluntarios de un trabajador superen el 25% de su sueldo neto, dándole acceso a orientación financiera gratuita y confidencial para prevenir la mora.
Para quienes ya se encuentren sobreendeudados, se prevé el Programa Provincial de Consolidación y Regularización de Deudas. Este programa buscará unificar obligaciones, reducir la cantidad de cuotas mensuales y mejorar las condiciones financieras de los beneficiarios. Para implementar estas soluciones, el Poder Ejecutivo de la provincia quedará facultado para celebrar convenios específicos con el Nuevo Banco del Chaco S.A. u otras entidades legalmente habilitadas.
Esta problemática posee un fuerte asidero en la realidad provincial, ya que más de 10.000 trabajadores estatales accedieron a programas gubernamentales previos de consolidación de deudas entre fines de 2025 y marzo de 2026. El nuevo marco legal también prohíbe explícitamente las prácticas de cobranza abusivas que impliquen hostigamiento o amenazas, a la vez que dispone capacitaciones de educación financiera y crea un Observatorio del Endeudamiento para evaluar la situación estadística trimestral de la provincia. Tras su promulgación oficial, el Poder Ejecutivo dispondrá de 30 días para reglamentar la ley.
