El magistrado fijó las sanciones pecuniarias definitivas que la estructura familiar deberá pagar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y ordenó el decomiso de todos sus activos, tras confirmarse que los bienes provenían del desvío de fondos públicos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
La investigación judicial dejó al descubierto una desproporción abismal entre el patrimonio real detectado y la situación laboral de los imputados. Mientras que Diego Rolón, su pareja Silvana García y su padre Lorenzo Rolón figuraban registrados como empleados municipales con sueldos mensuales que no superaban los $571.459, la banda adquiría de manera organizada campos con ganado, camiones, tecnología de última gama y vehículos de lujo.
A raíz de esto, la Justicia dictaminó multas multimillonarias que deberán cancelarse en un plazo de 30 días una vez que el fallo quede firme. El principal responsable, Diego Rolón (quien purga una pena de 5 años y 6 meses de prisión), fue multado con $2.767.027.650, cifra que equivale a tres veces el valor de las operaciones ilícitas que realizó. En tanto, su padre Lorenzo deberá abonar $30.515.554 y su pareja Silvana García $5.040.000, ambos condenados a 3 años de prisión en suspenso como partícipes secundarios.
El decomiso definitivo en favor del Estado abarca una flota de vehículos compuesta por camiones Ford y Mercedes Benz, una camioneta Toyota SW4, autos Volkswagen Gol Trend y Renault Sandero, y una motocicleta Honda Wave. Asimismo, la confiscación sumó costosos dispositivos electrónicos, entre ellos dos teléfonos iPhone 14 y cinco televisores inteligentes de grandes dimensiones, los cuales serán administrados con la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Por razones humanitarias y con el fin de resguardar a los hijos menores de edad del matrimonio, la Justicia ordenó restituir los muebles y electrodomésticos básicos de la casa. Actualmente, los niños se encuentran bajo el cuidado exclusivo de su padre —quien se encuentra bajo prisión domiciliaria—, motivo por el cual también se revocó el depósito judicial del auto VW Gol que García pretendía retener alegando el traslado de las menores.
