El Gobierno nacional aceptó introducir modificaciones de fondo al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II para limitar el acceso de funcionarios y exfuncionarios públicos a los principales beneficios de la norma. La concesión oficial busca responder a una condición explícita fijada por los bloques dialoguistas para destrabar la firma del dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
Las negociaciones se concentran en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. De acuerdo con el nuevo esquema en debate, quienes ejerzan o hayan ejercido cargos públicos de jerarquía podrán utilizar el sistema simplificado para la confección de sus declaraciones juradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero quedarán excluidos de las presunciones legales y de los efectos liberatorios contemplados en la iniciativa original.
El impacto del caso Adorni en el debate
La omisión de restricciones para los funcionarios públicos en el texto original cobró un fuerte impacto político tras la polémica que salpicó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti. En junio de 2026, la pareja formalizó su adhesión al régimen simplificado de Ganancias antes del envío de su declaración jurada anual, lo que desencadenó severos cuestionamientos por parte de la oposición en medio de causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
Ante ese escenario, los bloques aliados exigieron delimitar con claridad el universo de beneficiarios para evitar que la norma sea utilizada como una herramienta de regularización opaca o blanqueo encubierto por parte de integrantes del Estado.
Restricciones retroactivas y ajustes técnicos
Además de la exclusión de los efectos liberatorios, las conversaciones con los diputados dialoguistas abarcan otros puntos de la letra chica:
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Incompatibilidad por períodos anteriores: Se discute fijar un cerco temporal para quienes hayan ocupado cargos públicos en los últimos años, impidiendo que apelen a los mecanismos de la ley para exteriorizar o justificar patrimonios no declarados con anterioridad.
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Mecanismos de fiscalización de ARCA: Se analizan revisiones sobre las condiciones de acceso general al régimen y sobre las vías de corrección ante inconsistencias detectadas por el organismo recaudador.
Con estos ajustes, el oficialismo intenta recomponer el consenso parlamentario para formalizar el despacho en comisiones y dejar la norma en condiciones de ser tratada en el recinto en las próximas semanas.
