A pesar de recibir informes técnicos que recomendaban frenar la fabricación en Laboratorios Ramayo, las medidas se demoraron injustificadamente mientras las dosis letales continuaban distribuyéndose en hospitales y droguerías.
La trama quedó expuesta a través de chats judiciales que reconstruyen el vínculo entre las máximas autoridades de la ANMAT y el INAME con los responsables del laboratorio. Según los documentos, hubo advertencias sobre la presencia de hongos en la planta y deficiencias críticas en los controles desde principios de 2024, pero los funcionarios habrían buscado salidas que evitaran medidas irreversibles contra la empresa.
Uno de los mensajes más impactantes de la causa, atribuido a la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, justifica la falta de acción ante el riesgo de nuevas muertes señalando que “es un montón de guita que está en la calle”. Esta prioridad económica sobre la salud pública permitió que el lote contaminado 31.202 saliera a la venta el 30 de enero, registrándose la primera víctima fatal apenas unos días después.
Por esta tragedia sanitaria, las ex funcionarias Agustina Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas e indagadas esta semana, quedando posteriormente en libertad tras pagar una fianza de 75 millones de pesos cada una. La investigación destaca que, aunque se firmó una prohibición de producción en febrero, la resolución nunca se publicó ni entró en vigencia de manera efectiva, dejando a la población desprotegida durante semanas.
Actualmente, la Justicia busca determinar la responsabilidad del Ministerio de Salud y si su titular, Mario Lugones, estaba al tanto de las irregularidades. Los fiscales intentan establecer por qué los organismos de control no emitieron una alerta integral a tiempo, permitiendo que fuera el propio laboratorio el que finalmente anunciara el retiro voluntario del producto meses después de las primeras alertas críticas.
