El mes de agosto comenzará con un escenario de alta conflictividad en las calles. Un abanico de sindicatos, agrupaciones estudiantiles y movimientos sociales pondrá en marcha un cronograma de huelgas, paros y movilizaciones en rechazo a las políticas económicas y de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
La agenda de protestas se abrirá el lunes 3 de agosto con dos medidas de fuerza de alcance federal:
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Paro de ATE con movilización: La Asociación Trabajadores del Estado marchará hacia el Ministerio de Economía para exigir aumentos salariales de emergencia y repudiar despidos en el sector público.
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Huelga docente de CTERA: Coincidiendo con el reinicio de las clases tras el receso invernal, el gremio concretará una medida de fuerza ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional del sector.
A estas acciones se sumarán los sindicatos docentes enrolados en la CGT. Su referente, Sergio Romero (UDA), anunció que presentarán un plan de lucha mensual que incluirá clases públicas, volanteadas y probables concentraciones frente al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.
Protestas frente al Congreso y la marcha de San Cayetano
Hacia mediados de semana, las manifestaciones se trasladarán al plano legislativo y territorial:
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Jueves 6 de agosto: La CGT, ambas CTA, la UTEP y colectivos estudiantiles se concentrarán frente al Congreso mientras el Senado debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
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Viernes 7 de agosto: En coincidencia con la festividad de San Cayetano, las organizaciones sociales confluirán en el barrio de Liniers para concretar una marcha masiva en un contexto económico delicado.
La respuesta de la Casa Rosada y el marco legal
Desde el Poder Ejecutivo desestimaron el impacto de las convocatorias al señalar que provienen de actores ligados a la oposición. Sin embargo, en el ámbito educativo, el Ministerio de Capital Humano recordó la vigencia de la Ley de Modernización Laboral:
"El artículo 101 de la norma establece a la educación como servicio esencial y dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual durante las medidas de fuerza para resguardar el derecho a aprender", remarcaron a través de un comunicado oficial, advirtiendo sobre eventuales sanciones.
