En un fallo de profundo impacto institucional, la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo que pretendía transferir la competencia para otorgar la ciudadanía argentina a la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El tribunal especializado determinó que el Presidente de la Nación se excedió en sus atribuciones constitucionales al invadir facultades delegadas de forma exclusiva en el Poder Legislativo.
Los fundamentos jurídicos de la anulación
La resolución dictada por la máxima autoridad electoral del país, estructuró su invalidez en dos ejes centrales que invalidan la legalidad del decreto de forma insanable:
-
Invasión en materia electoral: Los magistrados recordaron que el otorgamiento de la ciudadanía se encuentra intrínsecamente ligado a la adquisición de los derechos políticos de las personas, fundamentalmente el derecho al sufragio. En ese sentido, remarcaron que el Artículo 99, Inciso 3° de la Constitución Nacional prohíbe de forma expresa —bajo pena de nulidad absoluta— que el Poder Ejecutivo emita DNUs que regulen o modifiquen aspectos de la materia electoral o de partidos políticos.
-
Ausencia de urgencia real: El tribunal desmontó la fundamentación de la Casa Rosada al señalar la inexistencia de razones de "rigurosa excepcionalidad" o impedimentos operativos que imposibilitaran que una reforma de esta envergadura jurídica fuera debatida mediante el trámite legislativo ordinario en el Congreso de la Nación.
Defensa de la Carta Magna: "Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa", argumentaron los jueces de la Cámara, ratificando la obligación imperativa del Poder Judicial de hacer prevalecer las leyes vigentes por sobre cualquier decreto ejecutivo que intente alterarlas alterando los requisitos fijados en la Constitución.
Efectos prácticos y reordenamiento del trámite
A partir de la declaración de invalidez constitucional de la norma, la CNE dictó una serie de medidas operativas para retrotraer los efectos de la centralización administrativa:
-
Revocación de fallos previos: Ordenó dejar sin efecto una resolución de primera instancia que le había denegado la solicitud de ciudadanía a un extranjero bajo los parámetros del decreto anulado.
-
Notificación al Poder Ejecutivo: Se notificó formalmente a la cartera de Seguridad para que instruya de forma inmediata a la Dirección Nacional de Migraciones a dar marcha atrás con la recepción o procesamiento de dichos trámites.
-
Unificación de criterio federal: La resolución fue remitida a la totalidad de los jueces federales con competencia electoral de la República Argentina, estableciendo que el proceso de otorgamiento de la ciudadanía argentina recaerá, a partir de este momento, bajo la exclusiva órbita judicial.





