Este miércoles 10 de junio de 2026 se cumple el primer aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Aquella resolución judicial marcó un punto de inflexión absoluto en el mapa político argentino, desencadenando un estado de shock y movilización permanente en las filas del kirchnerismo. Los días previos y posteriores a la sentencia definitiva se vivieron bajo un clima de extrema efervescencia social, con el Partido Justicialista en estado de alerta deliberativa permanente y denunciando activamente una maniobra de "proscripción" destinada a marginar a su flamante conductora del tablero electoral.
En las jornadas previas a su confinamiento, la exjefa de Estado pronunció su último discurso presencial en la sede partidaria de Matheu 130, donde definió a su inminente arresto domiciliario como un "certificado de dignidad" frente a los embates del "Partido Judicial". En un escenario de fuerte internismo, la fisonomía de la resistencia civil se concentró en el departamento de la exmandataria ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, desestimando las opciones de una resistencia colectiva o de marchas masivas hacia los tribunales de Comodoro Py. Finalmente, el 17 de junio de 2025, Fernández de Kirchner recibió la notificación formal del arresto de manera virtual, comenzando a cumplir la pena de forma inmediata en su vivienda particular.
El régimen de detención dispuesto originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 incluyó la colocación de una tobillera electrónica de monitoreo y severas restricciones para la recepción de visitas en su búnker de Constitución. La obligatoriedad del dispositivo fue calificada por la dirigencia kirchnerista como un "trato degradante" y discriminatorio en comparación con los beneficios otorgados a otros procesados de la historia penal argentina. A pesar de las constantes presentaciones judiciales efectuadas por su equipo de abogados defensores para flexibilizar las condiciones de detención, la Justicia Federal desestimó sistemáticamente cada uno de los recursos de revisión presentados, manteniendo inalterable el núcleo duro de la modalidad de encierro.
La rutina de la expresidenta en su departamento combinó la reclusión con una alta exposición simbólica a través del balcón de la propiedad, sector desde el cual saludaba de forma efusiva e interactuaba con la militancia apostada en la calle. Estas apariciones públicas generaron un fuerte malestar entre los sectores opositores y los vecinos de la zona, quienes denunciaban una supuesta trivialización de la condena penal y la alteración de la convivencia en el barrio. No obstante, la propia Justicia debió intervenir para aclarar que la condenada conservaba el derecho a usar dicho espacio arquitectónico bajo criterios de buen juicio, prudencia y sentido común, clausurando provisoriamente la controversia vecinal.
La dinámica interna de las visitas políticas terminó por tensar al máximo las normas del arresto domiciliario luego de que se difundiera una masiva reunión de la exmandataria con nueve economistas dentro de su hogar. Ante lo que consideraron una desnaturalización de la prisión, los magistrados del TOF 2 dictaron un límite estricto al régimen de ingresos, fijando un tope máximo de tres personas en simultáneo y por un lapso no mayor a dos horas reloj. A un año de aquel hito judicial, la campaña por "Cristina Libre" continúa monopolizando la agenda del ala dura de la oposición, convirtiéndose en una bandera de reclamo que profundiza las grietas internas con las vertientes más moderadas del peronismo.





