En su resolución, la Justicia ordenó el secuestro inmediato del rodado para garantizar su conservación como patrimonio dentro del proceso judicial.
La causa investiga si fondos públicos administrados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo disuelto en 2024 tras detectarse irregularidades, fueron desviados hacia fundaciones y organizaciones sociales. Según la hipótesis judicial, ese dinero habría sido utilizado para financiar maniobras de lavado mediante la compra de propiedades y vehículos bajo sospecha.
Un comprador particular, dedicado a la comercialización de autos, había solicitado recuperar el vehículo alegando haberlo adquirido "de buena fe" antes de las medidas cautelares. No obstante, los jueces determinaron que no hay pruebas suficientes que acrediten la transferencia en esa fecha, resaltando que el bien continúa registrado a nombre del procesado José de Jesús Torales.
El fallo establece que la camioneta deberá ser entregada en el Escuadrón Fontana de Gendarmería Nacional en un plazo máximo de cinco días. En caso de que no se entregue voluntariamente junto con su documentación, las autoridades judiciales advirtieron que se procederá al secuestro mediante el uso de la fuerza pública.
Esta decisión se produce mientras la causa principal ya fue elevada a juicio oral y se encuentra actualmente en la etapa de admisión de pruebas. En los próximos meses se espera la fijación de la fecha definitiva para el debate, donde se juzgará la responsabilidad de los imputados en esta compleja trama de corrupción.






