Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires reflejó una mirada profundamente negativa y homogénea sobre el Poder Judicial. La ineficiencia, el favoritismo hacia los sectores de mayor poder y el impacto de la corrupción en el día a día unifican las opiniones de los ciudadanos por encima de cualquier bandera ideológica o preferencia electoral.
Números de una crisis de legitimidad
El descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina alcanzó niveles críticos y transversales. El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un estudio de opinión pública centrado en corrupción y dinámicas de la Justicia que expone un diagnóstico severo: la sociedad percibe de manera casi unánime que los magistrados operan bajo condicionamientos externos y que el servicio que brindan es deficiente.
El informe técnico arroja estadísticas contundentes sobre el humor social frente a los tribunales:
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Poco o nada eficiente: El 94,1% de los encuestados califica de esta manera a la administración general de la Justicia.
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Influencia del poder: El 94,6% percibe de forma directa que los jueces se encuentran influenciados por los intereses del poder político o económico.
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Justicia clasista: El 88,3% de la muestra sostiene la premisa de que los fallos y tiempos judiciales favorecen sistemáticamente a los ricos y poderosos.
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Impacto de la corrupción: Un 93,6% de la población asegura que los episodios de corrupción institucional han afectado "mucho o bastante" su vida cotidiana.
Evolución y mirada a futuro
La evaluación sobre la trayectoria histórica y el devenir del sistema tampoco ofrece señales de optimismo. El estudio indagó en las percepciones temporales de los entrevistados, reflejando que el 73,8% considera que el ecosistema judicial ha empeorado en los últimos años, mientras que un 55,8% mantiene la firme creencia de que la situación continuará degradándose en el corto y mediano plazo.
El relevamiento sociológico fue ejecutado en el ámbito geográfico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el mes de mayo de este año. Para su confección se procesaron 1.217 casos mediante un cuestionario estructurado sobre seis ejes analíticos fundamentales: eficiencia e imparcialidad; evolución y prospectiva; corrupción e impunidad; confianza institucional; casos de actualidad y expectativas de cambio.
El fin de la grieta: desconfianza unánime
Uno de los hallazgos más disruptivos del documento elaborado por la UBA es el quiebre de la polarización política tradicional frente a este tópico. Al momento de ponderar el nivel de confianza institucional en una escala numérica del 1 al 10, las diferencias por simpatía electoral se volvieron marginales e irrelevantes.
"Los votantes del presidente Milei dijeron tener el 2,6 de confianza en la Justicia, mientras que los de Sergio Massa dejaron el número en 2,4. La muestra total del OPSA fue de 2,5".
Como contrapartida a este escenario de escepticismo, el 77% de los ciudadanos consultados se mostró de acuerdo con modificar las reglas de juego, exigiendo darle prioridad absoluta a los méritos académicos por sobre las negociaciones e intercambios políticos de los partidos a la hora de seleccionar y candidatear a nuevos jueces.
En sus conclusiones globales, el OPSA resalta que el malestar no se define por la intensidad del rechazo, sino por su carácter transversal. La desconfianza estructural hacia el aparato de justicia y las instituciones democráticas unifica las opiniones de la sociedad civil por encima de los sesgos de género, rangos de edad, niveles educativos o autopercepciones ideológicas, demostrando que la demanda de una reforma judicial transparente escapa por completo a la lógica de la grieta política argentina.





