La crisis política y social en Bolivia sumó un capítulo de extrema tensión institucional. Con el respaldo de más de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados aprobó este martes una ley que anula las restricciones vigentes para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La flamante normativa deroga de forma directa la ley 1.341 —conocida popularmente como "Ley Copa" y sancionada en octubre de 2020—, y fue girada de inmediato al Poder Ejecutivo para la firma del presidente Rodrigo Paz, otorgándole al mandatario la herramienta legal necesaria para decretar un eventual estado de excepción en todo el territorio nacional.
Según justificaron los legisladores del oficialismo, la medida busca habilitar un rol más activo y amplio de las fuerzas militares para garantizar el orden público y frenar los piquetes que bloquean el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales, afectando principalmente a los centros urbanos de La Paz, El Alto y Oruro. Bolivia transita actualmente su cuarta semana consecutiva de conflictividad social extrema, con protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales. Los reportes oficiales del martes confirmaron que los bloqueos de carreteras alcanzaron la alarmante cifra de 150 puntos en todo el mapa boliviano, profundizando el desabastecimiento y el aislamiento de las principales ciudades.





