Tras una medida judicial, el radar británico en Tierra del Fuego no podrá operar

El fallo reaviva la preocupación por la soberanía y el control de tecnología sensible en la provincia.
26 de abril 2026, 12:22hs
*Por Victoria Godoy

El conflicto por el radar británico instalado en Tolhuin sumó un capítulo decisivo en Tierra del Fuego. La Justicia ordenó la nulidad de la inscripción de LeoLabs Argentina y dejó sin efecto su posibilidad de operar en la provincia, en un fallo que impacta de lleno en una polémica que desde el inicio generó rechazo en gran parte de la comunidad fueguina.

La resolución fue firmada por el juez Gustavo González, quien instruyó a la Inspección General de Justicia a cancelar la inscripción societaria de la empresa una vez que la medida quede firme. El planteo había sido impulsado por el propio organismo, en medio de cuestionamientos sobre la actividad y el alcance del proyecto.

Desde Tierra del Fuego, la instalación del radar nunca fue un tema neutro. La presencia de un sistema de origen británico, vinculado al monitoreo satelital y procesamiento de datos, generó desconfianza desde el primer momento. Esa reacción, que podría interpretarse como una “prejuzgación”, tiene un trasfondo histórico profundo en el sur argentino.

La cercanía con Islas Malvinas y el recuerdo aún vigente de la Guerra de Malvinas influyen directamente en la percepción social. En el sur argentino, estos factores no son simbólicos ni lejanos, sino parte de una memoria activa que condiciona la mirada sobre cualquier iniciativa vinculada al Reino Unido, especialmente cuando involucra tecnología sensible.

El punto de quiebre se dio cuando el Gobierno nacional decidió cancelar la autorización para operar, tras informes del área de Defensa que advirtieron sobre riesgos vinculados a la seguridad nacional. Entre ellos, la posibilidad de monitorear actividad satelital argentina, interceptar información o incluso observar movimientos en territorio nacional.

Si bien el tribunal rechazó la disolución de la sociedad al considerar que no existía una imposibilidad absoluta para su funcionamiento, avanzó en una decisión de mayor peso institucional: declarar la nulidad de su inscripción. El eje del fallo estuvo puesto en la posible afectación al interés público, en un contexto atravesado por preocupaciones de soberanía.

En la localidad de Tolhuin, donde fue instalado el radar, el rechazo social fue claro desde el inicio. Vecinos y distintos sectores expresaron su preocupación y reclamaron que el proyecto fuera revisado o directamente desmantelado, en línea con una postura de cautela frente a este tipo de infraestructura.

El fallo, que aún puede ser apelado, no cierra la discusión, pero marca un precedente importante. En una provincia atravesada por su valor geopolítico y su historia reciente, el caso del radar británico vuelve a poner en debate los límites entre desarrollo tecnológico, intereses externos y soberanía nacional.

 

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