A través de esta norma, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó la instalación de sistemas capaces de detectar e inutilizar dispositivos móviles en manos de personas privadas de su libertad.
El objetivo central de este plan es impedir que los internos utilicen teléfonos para coordinar extorsiones, tráfico de drogas o ajustes de cuentas desde sus celdas. Según las autoridades, el uso indebido de estos equipos permitía a los delincuentes planificar maniobras ilícitas sin necesidad de salir del establecimiento penitenciario.
El sistema funcionará mediante la identificación de los códigos IMEI e IMSI de los dispositivos activos dentro de zonas restringidas. Una vez detectado el teléfono, se notificará a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, las cuales deberán proceder al bloqueo efectivo de la línea en un plazo máximo de 48 horas.
La implementación de esta tecnología estará a cargo del Servicio Penitenciario Federal y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Para garantizar la convivencia con el entorno, la resolución exige específicamente que los equipos instalados no interfieran con las señales de los vecinos que residen en las áreas cercanas a las unidades carcelarias.
Con esta decisión, el Gobierno busca dotar al sistema penitenciario de herramientas tecnológicas efectivas para hacer cumplir la prohibición de uso de celulares. La meta final es cortar de raíz uno de los principales canales de comunicación utilizados por las organizaciones criminales que continúan operando desde la prisión.





