La Cámara de Diputados inició este miércoles una sesión clave para tratar la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de facilitar inversiones bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).
La oposición manifestó un rechazo tajante, calificando la reforma como "totalmente regresiva e inconstitucional" y denunciando que el proyecto fue redactado por las propias empresas mineras. Legisladores como Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau advirtieron que estos cambios ponen en riesgo el recurso estratégico del agua y afectan la seguridad ambiental de millones de habitantes de las cuencas afectadas.
El clima en el recinto se vio enrarecido por las críticas dirigidas al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a investigaciones judiciales sobre sus propiedades y viajes. Aunque el kirchnerismo fracasó en su intento de apartar el reglamento para citar al funcionario a dar explicaciones, el oficialismo preparó una estrategia de "guerra" con voceros designados para protegerlo de los ataques políticos durante la sesión.
En defensa del proyecto, el diputado libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son compatibles, afirmando que la ley permitirá el crecimiento de las economías regionales. Asimismo, gobernadores de provincias con actividad minera se presentaron en el Congreso para blindar los votos necesarios, argumentando que la normativa es fundamental para atraer grandes capitales al sector.
Fuera del Palacio Legislativo, la jornada estuvo marcada por incidentes y marchas de organizaciones ambientalistas y activistas de Greenpeace, quienes intervinieron monumentos con la consigna "La Ley de Glaciares no se toca". En medio de un fuerte operativo de seguridad, se registraron empujones y la detención de al menos un manifestante mientras las fuerzas de seguridad intentaban despejar las inmediaciones de la Plaza Congreso.





