La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional sufrió su primer traspié judicial luego de que un magistrado de Córdoba declarara la inconstitucionalidad del artículo 55 de la nueva normativa. El fallo, firmado por el juez Ricardo Gileta, cuestiona el mecanismo de actualización de los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite antes de la vigencia de la ley. Según el magistrado, el sistema propuesto por la reforma —que utiliza tasas del BCRA con topes específicos— podría reducir entre un 20% y un 60% el monto final que percibirían los trabajadores en comparación con los criterios anteriores, afectando de manera directa el carácter alimentario de estas indemnizaciones.
En su resolución, el juez sostuvo que el artículo 55 genera un "tratamiento diferenciado" injustificado entre juicios nuevos y procesos antiguos, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional. Para garantizar la protección del trabajador y la reparación plena, el magistrado dispuso que el capital original debe recalcularse siguiendo el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% mensual. Este fallo sienta un precedente relevante que pone en duda la aplicación retroactiva de la ley de modernización en los tribunales laborales de todo el país.





