La situación de pacientes de alta complejidad y sus familias generó un fuerte reclamo institucional en la provincia. La abogada, Sonia Sosa, explicó en Radio Facundo Quiroga que desde el Instituto de Derecho de la Mujer y Sectores Vulnerables buscan que las autoridades intervengan de manera urgente ante casos donde el acceso a la salud se ve comprometido.
Desde el rol del instituto, Sosa detalló el objetivo de la intervención: “Nuestro instituto tiene como finalidad promover e instar a los organismos competentes a que materialicen lo que las normas provinciales, nacionales e internacionales establecen respecto al derecho a la salud, al derecho humano a la vida y al trato digno”. En ese marco, sostuvo que la preocupación central está puesta en personas con diagnósticos graves y en el impacto emocional que atraviesa todo el núcleo familiar.
La abogada remarcó la importancia del contacto directo entre autoridades y familias, y explicó el motivo del reclamo institucional: “Hay veces que el canal de comunicación es muy hermético y eso agrava la situación emocional de las familias, por eso pedimos que sean escuchadas personalmente y de manera inmediata”. En ese sentido, subrayó que el acompañamiento y la empatía son claves para evitar que el conflicto se profundice.
Al referirse al rol del Estado, Sosa fue clara sobre la responsabilidad de los funcionarios: “Los recursos los tienen los estamentos del Estado y son quienes deben garantizar que lleguen a donde tienen que llegar. Nosotros desde afuera acompañamos y exigimos que esos derechos no sean vulnerados”. También advirtió que la falta de respuestas oportunas puede agravar cuadros ya delicados.
Finalmente, aclaró el alcance del comunicado emitido por el instituto: “Nuestros comunicados no son vinculantes, pero tienen peso”. En esa línea, remarcó que el pedido central apunta a generar canales de diálogo efectivos y soluciones concretas para todas las familias afectadas.





