El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló tras la publicación de la Resolución 213, mediante la cual el Gobierno Nacional dispuso el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación. Los trabajadores del ente realizaron un "abrazo" simbólico a la sede central en General Paz para denunciar que esta medida desmantela la estructura técnica que garantiza la exactitud de las mediciones en todo el país. Según advirtieron, la baja de estas áreas —que entrará en vigencia el 31 de enero— afecta a más de 150 profesionales especializados.
La medida implica la transferencia total del control de instrumentos a laboratorios privados. Los trabajadores explicaron que el INTI funcionaba como un "tercero imparcial" en transacciones comerciales, asegurando que "un litro sea efectivamente un litro" en los surtidores de combustible o que los radares de velocidad midan correctamente. Con la privatización, tareas críticas como la verificación de etilómetros (alcoholímetros), balanzas comerciales, taxímetros y medidores de energía eléctrica quedarán bajo la órbita de empresas que, según los técnicos, eran competidoras directas del organismo público.
Uno de los puntos más alarmantes señalados durante la manifestación es el impacto económico para los municipios y la seguridad vial. Los trabajadores informaron que verificar un alcoholímetro en el INTI costaba $140.000, mientras que en laboratorios privados el valor asciende a $1.200.000. Esta brecha tarifaria del 800% genera el riesgo de que las intendencias dejen de realizar controles preventivos al no poder costearlos, lo que derivaría en una potencial falta de rigurosidad en las multas y servicios públicos.
Finalmente, el personal científico-técnico desmintió los argumentos oficiales de "desburocratización" y "eliminación de trabas". Aseguran que los niveles de facturación y las órdenes de trabajo del instituto demuestran eficiencia y una alta demanda por parte de las empresas. Al perder el Estado la potestad de custodiar los patrones nacionales de medida, los trabajadores sostienen que se vulnera un derecho básico de los usuarios: la posibilidad de acudir a un ente público de referencia internacional para garantizar la transparencia en sus consumos diarios.





