En un pronunciamiento que elevó la tensión diplomática, el Gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El planteo, realizado por el embajador Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” en Venezuela y advirtió que la situación “se ha deteriorado aún más” tras las elecciones consideradas fraudulentas en julio de 2024.
Durante su intervención en La Haya, Sadofschi afirmó que el escenario venezolano “exige una atención inmediata” y remarcó que las denuncias por detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad requieren investigaciones “rigurosas, pero expeditivas”. En esa línea, reclamó que la Corte avance con órdenes de arresto contra los principales responsables del régimen.
El diplomático también subrayó que la decisión de Argentina de no bloquear consensos en la Asamblea de la CPI no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela, sino como una muestra del compromiso del país con la Corte. Señaló que esa postura reafirma el valor que la Argentina le otorga al trabajo institucional del organismo internacional.
La respuesta de Venezuela llegó de la mano de su representante, Héctor Constant Rosales, quien acusó al Gobierno argentino de ser un “falso defensor” de los derechos humanos. Cuestionó el voto de Argentina en una resolución de Naciones Unidas sobre torturas y penas degradantes, al que calificó de “vergonzoso”, y llamó a trabajar “constructivamente” en la CPI.
Sadofschi pidió nuevamente la palabra para rechazar los señalamientos venezolanos y los calificó de “agraviantes”. En su réplica, sostuvo que no se puede ignorar la realidad de los crímenes en Venezuela y afirmó que la postura argentina demuestra su compromiso con la Corte y su llamado a tomar medidas concretas y urgentes ante la crisis humanitaria.





