El Gobierno Nacional, a través del Decreto 777/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, prorrogó por un año la normativa que establece la compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo rural temporario. La medida extiende el Decreto N° 514/21, cuyo objetivo central es promover el trabajo registrado y la ampliación de los beneficios de la seguridad social para los trabajadores que prestan servicios en actividades estacionales y temporales, un sector clave para las economías regionales, incluyendo las del Chaco.
La prórroga, que regirá hasta septiembre de 2026, mantiene vigente un factor fundamental de la norma: la complementariedad entre las políticas de protección social y el trabajo registrado. Esto significa que los titulares de programas como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo podrán seguir cobrando estas prestaciones mientras son contratados bajo las modalidades de trabajo temporario. Además, el decreto asegura que las asignaciones familiares no resulten inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El texto oficial justificó la decisión de la administración de Javier Milei, que demoró algunas semanas en tomar la resolución, aludiendo a que la medida "ha contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida". En este sentido, la prórroga responde a una presión manifiesta de los distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores, quienes manifestaron "la conveniencia de dar continuidad" a la norma para consolidar los resultados alcanzados en la formalización del empleo.
Para los empleadores del sector rural, la extensión de esta política también ofrece un beneficio directo, ya que permite acceder a una reducción de las contribuciones patronales, incentivando la contratación formal de mano de obra para las cosechas y otras actividades estacionales. De esta manera, el Gobierno busca mantener una herramienta clave que facilita la contratación de trabajadores y, simultáneamente, asegura que las familias rurales puedan mantener sus ingresos de protección social durante el período de actividad registrada.





