Apenas 24 horas después de infligir una dura derrota al gobierno de Javier Milei en el Senado, con el rechazo a los vetos sobre la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, los bloques opositores (duros y dialoguistas) convocaron a una mega sesión en la Cámara de Diputados.
El primer punto en el orden del día busca reformar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, pretende modificar la ley 26.122 para limitar las facultades presidenciales. La reforma establece que si el Congreso no se pronuncia sobre su validez en 90 días corridos, los DNU caen, y se requeriría la aprobación explícita de ambas Cámaras para mantenerlos vigentes. Para Martín Menem y los diputados libertarios, evitar esta reforma es un objetivo primordial, ya que significaría una restricción muy contundente del margen de maniobra del Poder Ejecutivo.
El segundo tema sensible para el Gobierno es la intención de remover a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La oposición fundamenta su pedido en la denuncia por “incumplimiento de funciones” debido a que la comisión se mantuvo cerrada por varios meses. También se mencionan los vínculos del diputado con Fred Machado, un empresario que está siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
La agenda también incluye la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario deberá explicar por qué la ley de emergencia en discapacidad fue sancionada, pero su aplicación se dejó en suspenso. Los opositores más duros ya aseguraron que, si Francos no se presenta con una reasignación de partidas para implementar la ley, avanzarán con una moción de censura. Este mecanismo, incorporado en 1994, permite al Congreso remover al jefe de ministros y representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Además de estos puntos, la oposición busca un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para evitar que el Gobierno prorrogue el Presupuesto de 2023 por tercer año consecutivo. También se debatirán numerosos proyectos sobre emergencia productiva, la reafirmación de las atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento externo, y se incluyó la modificación del mecanismo de reparto del impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría servir como presión para construir el quórum con la ayuda de los gobernadores.