Un documento oficial del Ministerio de Capital Humano confirmó que la auditoría con la que el Gobierno de Javier Milei justificó la suspensión del envío de alimentos a comedores comunitarios nunca existió. La admisión se produjo tras un pedido de la diputada Natalia Zaracho, que había reclamado acceso a ese informe en sede judicial, logrando un fallo favorable que obligó a la cartera a responder.
En 2024, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró ante el Congreso que “casi el 50% de los comedores comunitarios no existían”, supuestamente en base a esa auditoría. La ministra Sandra Pettovello y el propio Milei replicaron esa versión, que fue acompañada por buena parte de los medios de comunicación. Con ese argumento, el Ejecutivo frenó el reparto de millones de kilos de comida que terminaron almacenados y en parte echados a perder en depósitos estatales.
La respuesta oficial a Zaracho reconoció que lo mencionado por Posse no correspondía a una auditoría en los términos de la Ley de Administración Financiera, sino apenas a una “interpretación gramatical” de acciones de control. En los hechos, lo que se realizó fue un relevamiento limitado entre febrero y abril de 2024 sobre 2.193 espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM), que cuenta con más de 35 mil.
Ese muestreo detectó 1.161 lugares reconocidos como comedores o merenderos y 1.032 que no fueron validados como tales, aunque por diversas razones: un tercio había dejado de funcionar, un cuarto tenía datos inconsistentes y un 16% nunca existió en la dirección declarada. Aun así, esas observaciones representaban apenas un 6% del total inscripto, muy lejos del “50% inexistente” que el Gobierno instaló públicamente.
Organizaciones sociales advirtieron además que el relevamiento no fue presencial. “Lo que hicieron fue cruzar formularios, nunca visitaron físicamente los comedores”, señaló La Poderosa, que gestiona más de un centenar de espacios. El recorte de asistencia impactó de lleno en barrios populares, donde muchos comedores se sostenían con voluntariado y donaciones, y varios se vieron obligados a cerrar tras el congelamiento de la ayuda estatal.
Más de un año después, la propia gestión reconoció que nunca hubo auditoría. El argumento central que sostuvo la persecución a organizaciones sociales, la estigmatización de comedores y la paralización de la asistencia alimentaria quedó así desmentido por un documento oficial.