El Gobierno nacional avanza de manera progresiva en una reforma estructural del sector eléctrico que busca reducir al mínimo la participación del Estado y otorgar mayor protagonismo a los privados. El cambio implica un esquema en el que generadoras, transportistas y distribuidoras dinamizarán la actividad, con un rol mucho más limitado para Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista y que desde hace más de dos décadas interviene de forma decisiva en el sector.
La transformación se instrumentará en un período de transición de 24 meses, con final previsto a mediados de 2027. El objetivo es evitar un salto brusco en las tarifas, sobre todo en usuarios residenciales, en un contexto en el que el Gobierno libertario también apunta a la eliminación de subsidios y de la participación estatal en los contratos. El modelo proyectado se asemeja al de los años ’90, cuando el mercado estaba desregulado y Cammesa tenía un rol marginal.
El proceso cuenta con respaldo normativo en la Ley Bases y se acelera desde julio con el decreto 450, que modificó aspectos centrales de la Ley de Energía Eléctrica 15.336 y de la 24.065, marco regulatorio del sector. La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, y el viceministro Daniel González conducen la reforma con un ritmo que busca evitar un impacto tarifario fuerte en un año electoral, en un contexto de incertidumbre macroeconómica que todavía condiciona la firma de contratos de abastecimiento.
En la primera etapa, el Gobierno controlará el precio de la energía para que los aumentos en los costos de generación no se trasladen de inmediato a las tarifas de hogares. Sin embargo, los grandes usuarios sí enfrentarán incrementos y se espera que industrias y comercios comiencen a firmar contratos directos con generadoras, sin la intermediación de distribuidoras ni de Cammesa. La administración plantea que esta liberalización incentive inversiones en redes, infraestructura y líneas de alta tensión.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó que se respetarán los contratos vigentes del Plan Gas, que garantizan el abastecimiento de las generadoras y rigen hasta 2028. El programa, lanzado en 2013 y sostenido por todas las administraciones desde entonces, establece un precio regulado con el Estado como único comprador. Su continuidad hasta la finalización prevista asegura previsibilidad en la transición, aunque a partir de 2029 el Gobierno prevé que el Estado deje de intervenir en esa cadena.