Coimas en ANDIS: juez cercano al oficialismo, prohibió la difusión de los audios que complican a Karina Milei

El Ejecutivo inició acciones legales por grabaciones hechas a la hermana del Presidente y recibió un fallo a favor que impide circular material.
1 de septiembre 2025, 18:33hs

En un giro inesperado que sacude la escena política, la Justicia Federal ordenó este lunes 1 de septiembre de 2025 el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión judicial responde a una denuncia del Gobierno que calificó los hechos como una "operación de inteligencia ilegal", generando un fuerte impacto en los medios y redes sociales.

La medida cautelar dictada prohíbe específicamente a los medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitir las grabaciones realizadas. El documento, compartido por el vocero presidencial Manuel Adorni, indica textualmente: "Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei".

El Gobierno argumentó en su denuncia que se trata de una presunta "operación de inteligencia ilegal" que tuvo como objetivo "desestabilizar al país en plena campaña electoral" mediante la difusión de material privado. Según la parte denunciante, estos hechos constituyen una "secuencia organizada" que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo antes de las elecciones legislativas.

El portavoz presidencial subrayó la interpretación de la Justicia al afirmar que "se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión". La gravedad institucional del asunto se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Este fallo marca un precedente importante en la protección de la privacidad de funcionarios públicos y pone en relieve la preocupación gubernamental por posibles operaciones desestabilizadoras. La decisión judicial busca poner fin a una situación que el Gobierno considera una seria amenaza a la integridad institucional y a la estabilidad política en un momento clave del calendario electoral.

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