El objetivo es atraer inversión privada en infraestructura y avanzar en la privatización de empresas estatales, especialmente las vinculadas a servicios públicos. Este nuevo enfoque busca que las obras sean financiadas por el sector privado, y no mediante la emisión monetaria de un Estado deficitario, trasladando sus costos directamente a los usuarios a través de las tarifas.
A diferencia de políticas pasadas, como el congelamiento tarifario que generó años de desinversión y apagones persistentes en el sistema eléctrico, la administración actual busca establecer reglas de juego que garanticen certezas a largo plazo. Para ello, apuesta a mecanismos de previsibilidad como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque el modelo aún no despertó un interés efectivo masivo de empresas nacionales o extranjeras.
Dentro de las dieciséis obras prioritarias para el transporte eléctrico de alta tensión, ya se definieron las tres primeras, que incluyen AMBA I y las líneas Río Diamante y Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca, con una inversión estimada en USD 1.900 millones que los usuarios pagarán mediante un cargo adicional en la factura. Además, para lo que resta de 2025, se proyecta licitar al menos el 51% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con un nuevo marco regulatorio que permitiría cortes por morosidad y ajustes tarifarios trimestrales por inflación. La empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) ya presentó una oferta para financiar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, la primera obra privada de infraestructura gasífera de esta gestión.
En cuanto a las rutas nacionales, el Ministerio de Economía decidió mantener el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para respaldar las inversiones de las concesionarias, sirviendo como garantía ante posibles congelamientos tarifarios en peajes. Este mecanismo fue definido por funcionarios como un "seguro anti kuka", en alusión a las interrupciones tarifarias de gestiones previas. La mejora de estas más de 9.000 kilómetros de rutas es considerada esencial para el desarrollo de sectores clave como la minería, la energía y la agroindustria.
En síntesis, la certidumbre regulatoria, el financiamiento privado y las tarifas alineadas con los costos de inversión son los tres pilares sobre los que se asienta el plan oficial para reactivar la infraestructura básica del país, atraer capitales y reducir la dependencia estatal en la prestación de servicios esenciales. La estabilidad macroeconómica y la continuidad de la agenda desreguladora del gobierno son factores clave que los inversores internacionales observan con cautela.