El Gobierno avanza con las primeras privatizaciones tras la Ley Bases

El objetivo es claro: sumar reservas al Banco Central sin intervenir en el mercado de cambios.
16 de junio 2025, 16:00hs

El Gobierno nacional ya definió el rumbo para las primeras privatizaciones tras la sanción de la Ley Bases. En total, hay ocho empresas estatales sujetas a procesos de venta total, parcial o concesión: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. El objetivo es claro: sumar reservas al Banco Central sin intervenir en el mercado de cambios.

La estrategia es encabezada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher y con el respaldo directo del ministro de Economía, Luis Caputo. El plan contempla tres vías posibles para desprenderse de las compañías: concursos públicos abiertos a oferentes nacionales e internacionales, ofertas públicas de venta (OPV) en la Bolsa, o concesiones que culminen con la disolución de las sociedades.

El proceso más avanzado es el de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila—, cuyas concesiones vencen en agosto. Caputo estima que por esa licitación ingresarán entre 400 y 500 millones de dólares, y ya hay un acuerdo con Río Negro y Neuquén para que cobren un canon del 1% por el uso del agua.

También está próximo el concurso para vender Intercargo, tras la desregulación del servicio de rampas en aeropuertos, y la venta del 50% de las acciones que Enarsa posee en Citelec, controlante de Transener. Otra prioridad es Corredores Viales: este año se licitarán los tramos que administra y luego se avanzará en el cierre definitivo de la empresa.

En el caso de AySA, el Gobierno prevé montar una estructura de concesión antes de llamar a licitación internacional. Más adelante, podría venderse parte de la compañía en la Bolsa.

Aunque el plan es ambicioso, los funcionarios reconocen que existen interrogantes que deberán despejar para atraer inversores: la estabilidad macroeconómica, el nivel de reservas, el avance de las reformas y el resultado de las elecciones de medio término. Por eso, la mayoría de las privatizaciones se concretarían después de los comicios.

A futuro, también está en estudio la privatización de empresas excluidas de la Ley Bases por presión opositora, como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. Además, el Banco Nación quedó bajo la lupa tras perder el monopolio del pago de sueldos estatales. El mapa de las 60 empresas públicas bajo revisión ya está trazado; ahora, el Gobierno busca seducir al mercado.

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