El Gobierno nacional dio un paso crucial en su estrategia económica al enviar al Congreso de la Nación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025. Este decreto tiene como objetivo principal autorizar el acuerdo de "facilidades extendidas" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La publicación del DNU en el Boletín Oficial marca el inicio de su evaluación legislativa.
La meta fundamental de este nuevo acuerdo con el FMI es permitirle al país cancelar las deudas que mantiene con el Banco Central y, de esta manera, fortalecer las reservas de la entidad monetaria. El Gobierno buscó acelerar el envío del DNU al Congreso, anticipándose al plazo de diez días hábiles, con la intención de lograr una aprobación más rápida en la Cámara de Diputados, ya que el aval de una sola cámara bastaría para asegurar el acuerdo.
Según lo estipulado en el DNU, las operaciones de crédito público contempladas en el Programa de Facilidades Extendidas tendrán un plazo de amortización de 10 años, acompañado de un período de gracia de cuatro años y seis meses. La asignación de estos fondos estará exclusivamente destinada a cancelar las letras intransferibles en dólares que posee el Banco Central, valuadas en aproximadamente US$23.000 millones, y a cubrir los compromisos del programa firmado en 2022 con el propio FMI.
El decreto, compuesto por cinco artículos, aprueba este préstamo de Facilidades Extendidas sin especificar el monto total acordado. Sin embargo, sí establece que el Programa implicará mayores condicionalidades, requiriendo revisiones periódicas de cumplimiento para evaluar el progreso del acuerdo y habilitar los correspondientes desembolsos.
Un aspecto relevante del acuerdo es que se extenderá el plazo para hacer frente a los vencimientos con el FMI. Se estima que este año Argentina debe afrontar US$2500 millones en compromisos con el organismo, y un total de US$12.700 millones durante el resto de la gestión actual, de acuerdo con estimaciones de GMA Capital.
En los considerandos del DNU, el Gobierno justifica esta medida argumentando que su plan económico demanda "medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía". Para lograrlo, considera necesario recomponer las reservas del Banco Central como un paso fundamental para avanzar hacia el acceso a los mercados internacionales de deuda y, eventualmente, liberar el cepo cambiario.
Ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, presidida por Juan Carlos Pagotto, deberá convocar a debatir el DNU y tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen, el cual posteriormente deberá ser tratado en el recinto de sesiones del Congreso. El futuro de este acuerdo clave para la economía argentina queda ahora en manos del Poder Legislativo.