El próximo 31 de diciembre caducarán cerca de 50.000 contratos en la administración pública nacional , y la situación genera una incertidumbre creciente entre los trabajadores del sector. A pesar de la proximidad de la fecha, aún no hay definiciones claras sobre la renovación o baja de estos vínculos laborales. En paralelo, las recientes desvinculaciones en organismos como el Ministerio de Justicia, que dejó cesantes a 2400 personas, encendieron las alarmas en el ámbito sindical.
A esta situación se suman las 10.000 intimaciones a jubilarse emitidas meses atrás por el Ministerio de Desregulación. Según fuentes oficiales, el 70% de los afectados pertenece a la planta permanente. Estas medidas se enmarcan en el plan del gobierno de reducir 75.000 puestos en la administración pública, un objetivo que ya habría avanzado con el despido de aproximadamente 30.000 empleados, de acuerdo con estimaciones del gremio ATE.
Desde el ámbito gremial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó una postura contundente frente a esta situación. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, exigió la renovación automática de todos los contratos que vencen a fin de año y una recomposición salarial de emergencia. "El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos", señaló en un comunicado reciente.
Desde ATE ya anticiparon que, de no obtener respuestas favorables, podrían convocar a medidas de fuerza en enero. Entre las acciones que evalúan se incluye un posible paro sectorial en defensa de los puestos laborales. Paralelamente, los gremios instan al Gobierno a priorizar el diálogo como herramienta para abordar la crisis.
Los recortes ya comenzaron a impactar en diversas áreas de la administración pública. Según fuentes oficiales, muchos organismos sufrieron reducciones de personal, pases a disponibilidad, o incluso procesos de fusión o eliminación de dependencias. Este ajuste estructural, que busca reducir al mínimo la planta estatal, es uno de los pilares de la gestión libertaria.
Un ejemplo de esta política fue el reciente recorte en Trenes Argentinos, donde se registraron 1388 bajas en una plantilla que supera los 30.000 empleados. También se registraron 802 desvinculaciones en la exAFIP, aunque en este caso continúa abierta una negociación con las autoridades a instancias del sindicato Aefip.
Otro mecanismo utilizado para avanzar con las desvinculaciones son los exámenes de idoneidad que el Gobierno comenzó a implementar en la administración pública. Hasta la fecha, se han evaluado a 10.000 empleados de un total de 40.000.
Aunque desde el gobierno aseguraron que estas pruebas no serán un requisito para renovar contratos, los gremios mantienen una estricta vigilancia sobre los resultados, que hasta ahora han mostrado un alto porcentaje de aprobación del 96%.
