La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Necesitaba más de la mitad de los votos emitidos para obtener media sanción en general.
La iniciativa limita a la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el sponsoreo de equipos de fútbol, ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes.
Otro punto central es que que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.
Prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etcétera.
Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.
Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.
Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, por lo que queda prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de
aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.
En cuanto al uso de billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito.
Además, se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.
Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.
El proyecto establece sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados. Por ejemplo, se incrementan las penas del articulo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.
