La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, querellante en la causa penal donde se investigan desmontes ilegales en el Chaco, presentó este lunes ante el fiscal federal Patricio Sabadini un requerimiento de nuevas medidas para corroborar una posible vinculación entre el ahora exministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la provincia, Hernán Halavacs, y el dirigente social "Tito" López, por permisos que habrían sido otorgados para explotaciones agropecuarias de éste último, hace varios años. Asimismo, pidió citar a declarar al actual director de Bosques, Gustavo Vázquez, por declaraciones sobre el tráfico ilegal de madera.
La entidad nacional es la que motorizó, en julio pasado, la denuncia sobre desmontes ilegales en la provincia con una trama que vincularía a funcionarios públicos, exfuncionarios, empresarios y legisladores, por su participación en "actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos", a partir de una "concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Ahora, la asociación que lidera el abogado Enrique Viale requirió al fiscal investigar "la vinculación" del ahora exministro Halavacs, con López y con delitos de este dirigente que la propia justicia federal investiga en otra causa y que motivaron su detención.
El escrito
"Habría sido el mismo Halavacs, valiéndose de las influencias denunciadas en la causa (como consultor que gestionó una gran cantidad de permisos de desmontes en los últimos años), quien gestionó fondos y permisos otorgados a López en el marco de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos", indica el escrito.
Allí también se resalta que esos permisos fueron "otorgados con inusitada prioridad y premura por la autoridad local de aplicación (de la ley) para habilitar y subsidiar la explotación forestal en las tierras recibidas por López".
Aunque la asociación deja sentado que "no ha podido acceder a los registros oficiales" que confirman tales apreciaciones, sí consigna en el escrito "algunos números de trámite y permisos donde habrían intervenido en tándem Halavacs, a través de su consultora, y Tito López, por sí o por persona interpuesta".
Así, presentan actuaciones del ámbito de la Dirección Provincial de Bosques con detalles de los planes operativos y los montos otorgados en subsidios por un total de $361.500 a López, todos correspondientes al Ejercicio 2015 y "mediante la gestión de Halavacs" en su rol de consultor.
"Esta operatoria habría continuado y profundizado en otros años -anteriores y posteriores al 2015-, por lo cual estos cinco planes (presentados en el escrito) serían solo un pequeño porcentaje de los fondos públicos y permisos recibidos por López y Halavacs", indicó la asociación. En virtud de esos detalles presentados, la asociación requirió al fiscal federal que "arbitre las medidas necesarias para profundizar esta línea de investigación, cruzando los datos con la causa donde se investiga el accionar delictivo de López y -en caso de que la documentación no se encuentre ya reunida en el expediente-, se libre orden de presentación a la Dirección de Bosques de todos los planes, permisos y subsidios solicitados y otorgados a alguna de las personas mencionadas, donde haya intervenido Hernán Halavacs y/o su consultora Huila S.A.".
En otro punto de la presentación, la entidad solicitó al fiscal tomar las medidas correspondientes para resguardar pruebas en la causa principal que investiga los desmontes ilegales, y evitar una eventual "manipulación", dada la designación del exdirector de Bosques de la Provincia entre 2015 y 2023, Emmanuel Carrocino, como contador de la Asociación Meguesoxochi. Esa organización –menciona el escrito- está "presidida por Zenón Cuéllar y manejada políticamente por el diputado Juan José Bergia, cuyos desmanejos y corrupción vinculados a la explotación forestal en las 140.000 hectáreas de tierra comunitaria indígena que integran la mencionada asociación ya fueron denunciados".
"Esto demostraría nuevamente la inter-vinculación y el funcionamiento de la Mafia del Desmonte denunciada, constituyendo otro caso no solo de puerta giratoria y connivencia entre los funcionarios y empresarios que rotan en sus roles en el marco de esta verdadera asociación ilícita, sino que además se agravaría la situación, ya que la designación de Carrocino como contador de la Meguesoxochi implicaría una marcada intención de sustraer, alterar y/o ocultar documentación fundamental para el esclarecimiento de los hechos denunciados", alertó la asociación.
Por último, la asociación requiere al fiscal citar para que aporte información relevante en la causa al actual director Provincial de Bosques, Gustavo Vázquez. Según las palabras del funcionario, que la entidad ambientalista considera "relevantes", existe "un negocio ilegal con organizaciones a las que les estamos pisando los talones y en algunos casos ya hemos aplicado multas"..."Es una actividad que nunca paró, pero sobre todo en estos tiempos donde es un negocio abierto, tenemos que tener en cuenta que el contexto posibilita que se produzcan estos ilícitos", dijo Vázquez.
La causa principal
A principios de julio pasado, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en Resistencia. "Se documentó la defraudación contra la administración pública. Los funcionarios denunciados (entre ellos Halavacs; Luciano Olivares. exsubsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich; y Miguel Ángel López, exdirector de Bosques) han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados", indicaron por entonces.
En virtud de esa denuncia, los desmontes en el Chaco fueron suspendidos por 90 días, y el ahora exministro Halavacs fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
