Investigaciones dirigidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Trata de Personas con la colaboración del Departamento Ciberdelitos, condujeron a realizar allanamientos y ordenes de presentación en distintas instituciones médicas, escribanías y estudios jurídicos, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
Los efectivos buscaban documentos e información vinculados a casos sospechosos de intermediación ilegal de entrega de recién nacidos por subrogación de vientre a ciudadanos extranjeros, por parte de mujeres argentinas en situación de vulnerabilidad.
La investigación se inició a raíz de la presentación efectuada por Cancillería Argentina, ante la Cámara Federal, donde advertía que el Consulado Argentino en Alemania recibió un alerta de la Dirección Provincial de Menores de Sarre, por el caso de una mujer de 58 años, que se presentó en un hospital de esa localidad con un bebé, afirmando ser la madre.
Al ser examinada por el personal médico, constataron que la menor se encontraba en malas condiciones de salud, por lo que la Justicia alemana le sacó la guarda a la mujer y la entregó a una familia sustituta.
En la investigación, se determinó que el nacimiento se inscribió en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y que la fertilización se realizó en una clínica privada porteña.
A partir de este hecho y con las investigaciones realizadas, se pudo identificar a la gestante de la menor y se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución.
Los agentes federales establecieron que se trataría de una organización criminal transnacional dedicada a la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que mediante el ofrecimiento de un resarcimiento económico, les alquilaban sus vientres para la gestación de niños, realizando el tratamiento en centros de fertilización asistida, ubicados en la Capital Federal y Rosario, con el fin de la "gestación por sustitución" y con el objetivo de vender niños recién nacidos a parejas de origen extranjero, sin residencia en este país.
Asimismo, de tales maniobras participaban estudios jurídicos y escribanías, que se ocupaban de la documentación correspondiente referente al consentimiento obligatorio para las gestantes, bajo las condiciones de que si en el embarazo se detectaban anomalías, se debía interrumpir el mismo, y si el nacimiento era normal, serían separadas del niño, obligándolas por escrito a no volver a tener contactos con sus hijos.
Con el total de las pruebas obtenidas por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de María Eugenia Capuchetti, ordenó un total de 16 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en Rosario provincia de Santa Fe y cinco ordenes de presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como resultado de las diligencias ordenadas y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se secuestró gran cantidad de documentación probatoria de las actividades ilícitas, quedando a disposición del magistrado interventor.
