Tras las denuncias recibidas contra el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, el gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, giró a la legislatura provincial el proyecto para disolver la ley que le da origen al organismo.
Cabe destacar que esta iniciativa surge en medio de una investigación sobre cerca de 400 denuncias que el instituto recibió durante la gestión de Mauro Andión.
Entre las denuncias, el gobierno actual sostiene que hubo una "mega corrupción", "a los beneficiarios no se les ha hecho entrega de la vivienda, o en otros supuestos, a los que fueron entregadas, las mismas no cumplen con las condiciones de habitabilidad básicas, a pesar de haberse efectuado los pagos por parte del organismo", había destacado en su momento Leandro Zdero.
Es por ello que Zdero decidió proceder a la disolución y liquidación del mismo. Sin tener en cuenta que dentro del IAFEP, además de las cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones sociales y populares, también se cuenta con el desarrollo rural sustentable, vinculado a la población rural, los productores familiares y trabajadores rurales, además de los trabajadores de la economía popular.
¿Qué pasará con todos estos programas? ¿El Gobierno dará respuesta o sólo pretenden recortar y ajustar a lo motosierra nomás?
Lo cierto es que el proyecto en cuestión no expone soluciones a corto plazo para los centenares de familias que dependían del organismo, que curiosamente también fue borrado de un plumazo por la gestión libertaria a nivel nacional. Sólo se limitan a disolver el IAFEP, otrora un orgullo por el impulso al desarrollo de los pequeños productores y emprendedores tanto del interior como de la capital provincial.
Sin irse por las ramas, las coincidencias con el plan nacional son inevitables si se observa que primero implementan la acción para después planificar; o bien, comunicar cuál es tal plan para contener a los trabajadores rurales que ahora perderán un apoyo más que importante en un contexto que cercena las posibilidades de supervivencia por los altos índices inflacionarios.
Porras para la tribuna y fotos para Instagram, a eso se asemejan políticas como estas que apuntan a soltarle la mano al trabajador rural mientras se vocifera un supuesto apoyo al campo (entiéndase grandes productores que se embanderan con la no intervención del Estado, pero se benefician con distintos acuerdos).
¿Qué dice el proyecto enviado por el Ejecutivo?
El texto presentado en su artículo primero dicta: "Derógase la Ley N° 3335-I -Ley del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular – IAFEP".
Artículo 2°: La dirección y administración del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular –IAFEP, dispuesta en la Ley Nº3335-I, su reglamentación y aquellas asignadas en el Decreto N°121 del 18 de diciembre de 2023, serán llevadas a cabo por la Intervención establecida al efecto, hasta el cese de la misma por expiración de los plazos previstos, su prórroga, o el cumplimiento del objeto.
Artículo 3°: Determínase al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible como autoridad de aplicación de la ley 1825-I, -Régimen de consorcios productivos de servicios rurales.
Artículo 4°: Modifícase el artículo 17 de la Ley 2148-I -Régimen de consorcios de ladrilleros- el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 17: Será autoridad de aplicación de lo establecido en la presente ley, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible.”
Artículo 5°: Establécese que el Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el/los organismos que absorberán los agentes con la intervención de las áreas de Recursos Humanos pertinentes, y de los bienes muebles o muebles registrables inventariados o afectados al mencionado Instituto para su reordenamiento, y con el objetivo de no provocar mayores erogaciones.
Artículo 6°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
